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El debate sobre la inmigración revela un conflicto extraordinario entre las normas éticas y las normas políticas. Desde la ética, progresistas y organizaciones «derechohumanistas» solicitan la acogida sin límites de inmigrantes. Sin embargo, al analizar esta pretensión desde el realismo político y la economía política, se la considera un «disparate suicida» que arruina la capa productiva o capa basal de los Estados.
La prudencia política exige un control estricto del número de inmigrantes, ya que una cantidad abrumadora generaría un caos que haría insostenibles la economía política y la eutaxia o estabilidad social de cualquier Estado. Esta tensión subraya la razón fundamental por la cual el ideal del Estado de bienestar, propio de las democracias homologadas de nuestros días, resulta incompatible con la solidaridad sin fronteras que prescriben las normas éticas o los derechos humanos.